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La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha defendido que la futura Ley de Servicios Sociales de Andalucía se convierta en un instrumento que aúne esfuerzos para blindar un sistema público y universal de calidad en materia de servicios sociales, y ha asegurado que contará con la aportación de los profesionales de este campo, que suman 30.000 en toda Andalucía.
Durante la clausura de un encuentro de trabajadores sociales celebrado en el Parlamento de Andalucía sobre la futura normativa, Sánchez Rubio ha valorado la contribución de los profesionales en el mantenimiento del Estado del bienestar y en la configuración de una amplia red de protección social en Andalucía que garantice la igualdad de oportunidades de toda la población independientemente del lugar de residencia.
Sánchez Rubio se ha comprometido a contar con la experiencia de estos profesionales para dar un fuerte impulso a dicha norma, con la que se pretende adaptar el sistema de provisión de servicios sociales a las necesidades actuales y a las previsiones futuras.
La titular de Igualdad de la Junta ha subrayado que la nueva ley recogerá derechos como el de las mujeres a una protección integral contra la violencia de género, o el de protección a las familias, los menores y las personas mayores, entre otros derechos recogidos en el título del Estatuto de Autonomía para Andalucía sobre ‘Derechos sociales, deberes y políticas públicas’. Del mismo modo, Sánchez Rubio ha abogado por que la normativa reconozca y ponga en valor la figura de los profesionales de los servicios sociales, con especial atención tanto a la formación como al trabajo investigador.
La intención es, según la consejera, elaborar una norma que defina un verdadero sistema público y universal de servicios sociales, dotado de naturaleza jurídica, que configure el derecho a las prestaciones como un derecho subjetivo de las personas y, por lo tanto, exigible ante las administraciones que ostentan las competencias.
La consejera se ha referido a la reforma de la Administración Local impulsada por el Gobierno de España y ha considerado que «desnaturaliza el sistema de servicios sociales y desposee a los municipios de todas sus facultades de acción en este ámbito», cuando son las corporaciones locales las administraciones más cercanas a la ciudadanía y la primera a la que las personas recurren ante un problema.
Participación ciudadana
Sánchez Rubio, por otro lado, ha reafirmado su apuesta por las políticas públicas basadas en alianzas entre las administraciones públicas y la ciudadanía y ha apuntado la necesidad de que la nueva norma establezca una Carta de Derechos y Deberes que fomente la participación en el seno del sistema público de servicios sociales a través del movimiento asociativo andaluz.
Sánchez Rubio ha defendido una Ley que permita avanzar en la calidad de la atención en beneficio de los andaluces y se ha mostrado convencida de que serán muy útiles las aportaciones del colectivo de profesionales del Trabajo Social, al que ella pertenece.
Asimismo, ha apuntado que la ley abordará los procedimientos de intervención en el ámbito profesional a través de un Plan que garantice la atención integral y continuada de acuerdo con la valoración de las necesidades individuales.
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