El Consejo de Gobierno ha iniciado la tramitación del anteproyecto de Ley de modificación de la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, en vigor desde 2007. El nuevo texto, elaborado con las aportaciones de las principales asociaciones de mujeres y agentes socioeconómicos, presta especial atención al objetivo de acabar con los obstáculos que impiden el acceso al mercado de trabajo. Entre otras novedades, prevé la elaboración de un plan para la eliminación de la brecha salarial e incluye un régimen de infracciones y sanciones, que en la actual norma no existe.
La modificación de la ley responde al mandato del Parlamento de Andalucía, cuyo pleno instó al Consejo de Gobierno en diciembre de 2014 a abordar la reforma para consolidar la transversalidad de género como eje articulador en esta materia. Asimismo, recoge las medidas acordadas en mayo de 2013 en el Pacto Andaluz por la Igualdad de Género firmado por la Junta y las entidades sociales implicadas en la lucha por la no discriminación de las mujeres.
En materia de empleo, junto con las disposiciones dirigidas a luchar contra la desigualdad salarial, el anteproyecto establece también la creación del Registro Andaluz de Planes de Igualdad de las Empresas.
En el sector público, las principales reformas se dirigen a reforzar la presencia de la mujer en aquellos cuerpos, niveles y categorías de puestos con menor representación. Asimismo, se implantará la garantía de proporcionalidad equilibrada entre hombres y mujeres en los tribunales de oposición y en las comisiones de selección.
Las medidas de carácter socioeconómico se completan con las dirigidas a conciliar la vida familiar y laboral. En este ámbito, destaca la reserva de al menos un 40% de las plazas de cursos de formación en el sector del empleo público de la Junta a mujeres incorporadas del permiso de maternidad o excedencia por cuidado de menores o personas dependientes.
En líneas generales, se ampliarán y consolidarán con rango legal las diversas iniciativas de conciliación incluidas en los sucesivos planes de apoyo a la familia desarrollados por la Junta, especialmente las relativas a la oferta de actividades matinales y extraescolares en los centros educativos.
En el Título IV, dedicado a las garantías para la igualdad de género, la reforma legal amplía a las entidades y organizaciones del sector privado los mecanismos de defensa de la ciudadanía ante situaciones de discriminación por sexo. Este aspecto, que actualmente sólo está regulado para el sector público a través de la institución del Defensor del Pueblo Andaluz, supondrá la apertura de nuevos cauces de reclamación por vulneraciones de derechos. La norma atribuye al Instituto Andaluz de la Mujer las nuevas funciones de investigar e informar sobre este tipo de casos en el sector privado, complementando así la acción inspectora.
Sanciones
Otra de las grandes novedades de la reforma normativa es la creación de un régimen sancionador específico para garantizar la igualdad de género. Esta medida, que ha sido muy demandada por los colectivos y entidades relacionadas con la materia, incluye multas de entre 6.000 y 120.000 euros, además de penas accesorias como la prohibición de acceder a ayudas públicas. El nuevo sistema disciplinario se vinculará a las conductas infractoras que no recogen los regímenes que actualmente se aplican en materias laboral (Inspección de Trabajo y Seguridad Social) y publicitaria (Consejo Audiovisual de Andalucía).
En relación con las políticas públicas, la reforma extiende el ámbito de la planificación a las entidades locales, que deberán aprobar sus propios planes de igualdad, y profundiza en el desarrollo del Plan Estratégico de Igualdad entre Hombres y Mujeres, definiendo para ello programas de actuación en cada una de las consejerías de la Junta.
En materia educativa, se refuerza el papel de la coeducación y se establece la creación de una comisión de personas expertas encargada de la revisión de los libros de texto, tanto en el lenguaje como en las imágenes, y del resto de los materiales curriculares conforme a los principios de igualdad. La norma dará a la inspección educativa nuevos mecanismos para el desempeño de sus funciones en esta materia.
Las universidades también deberán incluir contenidos de coeducación y elaborar planes de prevención de la discriminación y de la violencia de género. La reforma legal incluye un nuevo artículo dedicado al papel de las mujeres en la ciencia y la I+D+i, con medidas para superar los obstáculos que encuentran en estos ámbitos; eliminar los sesgos de género en los procesos de selección y evaluación del personal investigador, y fomentar la presencia paritaria de las mujeres y hombres en eventos científicos, académicos e institucionales.
El anteproyecto incluye también un nuevo artículo dedicado a las mujeres jóvenes, con medidas para promover su incorporación al mercado laboral, facilitar la detección precoz de la violencia de género y fomentar una imagen igualitaria en los medios de comunicación y en la industria del ocio, especialmente en los videojuegos.
En materia sanitaria, la principal novedad es la inclusión de contenidos de igualdad de género en los programas de formación especializada de los profesionales del Servicio Andaluz de Salud, mientras que en el área social la norma ampliará a las mujeres prostituidas el ámbito de la atención.
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