El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha criticado la falta de voluntad del Gobierno por llegar a un acuerdo para mejorar las condiciones laborales de los profesionales que trabajan en los centros penitenciarios españoles, entre ellos, las enfermeras y enfermeros, y para propiciar el traspaso de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas.
SATSE ha manifestado públicamente su apoyo a las reivindicaciones de los profesionales de Enfermería que trabajan en los centros penitenciarios de nuestro país, los cuales estudian nuevas acciones de protesta y movilización después de que el Gobierno no haya dado una respuesta satisfactoria a sus planteamientos de mejoras laborales.
De igual manera, la organización sindical ha lamentado que el Ministerio del Interior siga sin “mover ficha” para posibilitar el traspaso de los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias a los gobiernos autonómicos, después de 14 años de esperas y “promesas incumplidas”.
Al respecto, recuerda que el presidente del Sindicato, Manuel Cascos, se dirigió el pasado mes de octubre por carta al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para pedirle que impulsase el proceso de traspaso de la sanidad penitenciaria sin que hasta la fecha se haya obtenido respuesta.
“Seguimos esperando que desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez se cumpla el compromiso adquirido cuando su partido se encontraba en la oposición y dé solución a los problemas a los que se enfrentan los enfermeros y enfermeras, junto a otros profesionales, y las cerca de 60.000 personas que se encuentran privadas de libertad en nuestro país”, apuntan desde SATSE.
El Sindicato no entiende por qué los profesionales sanitarios que trabajan en los centros penitenciarios de nuestro país, entre ellos, cientos de enfermeras y enfermeros, no tienen las mismas condiciones laborales que sus compañeros y compañeros dependientes de los servicios autonómicos de salud. Por ello, SATSE defiende que, una vez sea transferido el personal a las comunidades autónomas, éste se convierta en personal estatutario del servicio de salud correspondiente, con la consiguiente equiparación salarial y laboral.
“Es absolutamente ilógico y discriminatorio que profesionales que desempeñan la misma labor en función de una misma formación y competencias tengan condiciones laborales distintas por el mero hecho de pertenecer orgánicamente a una administración pública u otra”, aseguran desde la organización sindical.
Salvo en las comunidades autónomas de Euskadi y Cataluña, las enfermeras y enfermeros, así como el resto de profesionales sanitarios, que trabajan en los centros penitenciarios españoles, siguen dependiendo del Gobierno estatal, concretamente del Ministerio del Interior.
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