La Junta de Andalucía ha cumplido la garantía de pago a 20 días en los servicios esenciales, “consolidando un derecho de nueva generación que persigue la sostenibilidad del Estado de bienestar”. Así lo ha subrayado la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, que ha presentado el balance del decreto andaluz que beneficia a proveedores de sanidad, educación y servicios sociales, “da seguridad a empresas y ciudadanos y revitaliza los servicios públicos”.
En rueda de prensa, ha recordado que el Consejo de Gobierno aprobó en enero del pasado año el decreto de garantía de tiempos de pago, que entró en vigor el 20 de marzo de 2017. “Se cumple un año de una medida innovadora” que reduce a 20 días naturales el tiempo máximo de pago en ámbitos prioritarios, por debajo de los 30 días que marca el Gobierno central. Asimismo ha destacado la implantación de un “nuevo derecho que no existe en ninguna otra administración”, a través de una garantía que, en caso de retraso en el pago, permite a las empresas cobrar sus facturas directamente en una entidad bancaria.
“La idea era sencilla y el mecanismo innovador”, ha explicado, “para reforzar los servicios públicos esenciales y proteger su entorno productivo”, es decir, a las empresas que contratan con la Junta de Andalucía, y especialmente a las pymes, y a sus trabajadores. Según ha expresado, el objetivo es que no sufran retrasos las “miles de nóminas” que dependen de estos contratos, comedores escolares, empresas de limpieza o seguridad, que las becas, ayudas y prestaciones se perciban a tiempo y que los proveedores de bienes y servicios cobren sus facturas “con agilidad”.
Desde la entrada en vigor del decreto, las empresas han cobrado en una media de seis días, “muy por debajo de los 20 días comprometidos” y no se ha activado el derecho de garantía ante las entidades financieras. “Hemos cumplido”, ha manifestado la consejera que también se ha referido al “efecto motor” de la garantía sobre el conjunto de los pagos de la Junta. En este sentido, ha recordado que Andalucía es la comunidad autónoma de régimen común que paga antes a todos sus proveedores, dos días antes de lo que marca la normativa de morosidad del Gobierno. Y en el sector sanitario, 17 días antes y 36 días antes que la media de las comunidades autónomas.
Un millón de facturas
En los ámbitos de salud, educación y servicios sociales se han tramitado un millón de facturas y se han garantizado pagos por 4.318 millones de euros, de los que el 52% correspondieron a proveedores del sector sanitario, el 27% de educación y el 22% de servicios sociales. Casi dos tercios de los pagos (57%) se destinaron a financiar contratos vinculados a servicios asistenciales, conciertos y convenios, mantenimiento de instalaciones (limpieza, seguridad o vigilancia), suministros de electricidad, agua o combustible, necesarios para el funcionamiento de los centros e instalaciones. El resto (43%) se destinó al abono de prestaciones, ayudas o subvenciones a particulares, asociaciones y entidades locales.
El sector sanitario acaparó el mayor volumen de pagos, con 2.189 millones de euros, de los que el 63% (1.379 millones) se destinó a farmacias para la dispensación de medicamentos; el 15% (335 millones) a la asistencia sanitaria (hemodiálisis, pruebas diganósticas o transporte sanitario), y el 3% (70 millones) para suministros básicos de los centros de atención primaria u hospitales, entre otros.
Educación generó el mayor número de facturas, más de 800.000, por un importe total de 1.156 millones de euros. El 60% de los pagos se destinó al servicio educativo en la enseñanza concertada y el 20% al primer ciclo de la Educación Infantil. Montero ha destacado en este ámbito los “servicios fundamentales para la conciliación familiar”, como comedores (32,5 millones) y el aula matinal, actividades extraescolares y transporte, con facturas por 55,4 millones de euros. Asimismo, también destacan el programa de gratuidad de libros de texto, con una partida anual de 75,8 millones de euros, y las becas y ayudas al estudio, que suponen 64,4 millones.
Respecto a los servicios sociales, con casi 1.000 millones de euros facturados (972 millones), el 88% de los pagos se destinaron a prestaciones, ayudas y subvenciones para residencias, estancia diurna, ayuda a domicilio y respiro familiar. Otros 60 millones sufragaron convenios y pagos a ayuntamientos para la atención a la dependencia, a la mujer o la población migrante, así como los servicios sociales comunitarios. Por su parte, para financiar la justicia gratuita y los servicios de orientación se abonaron 42 millones de euros.
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